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29 mayo 2024
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«Muchos de los compromisos contraídos por los gobiernos, finalmente no se cumplieron, se dilataron o se postergaron»

Así lo expresa Domingo Namuncura en una columna de opinión publicada por el medio digital Cooperativa, en la cual aborda y formula interrogantes sobre la trayectoria de las anteriores iniciativas que desde 1990, se han creado para buscar salidas a la agudización de un conflicto histórico, entre el Estado chileno y los pueblos indígenas.

Este 21 de junio, por iniciativa del actual gobierno, se designará a los integrantes y comenzaría a funcionar, una comisión denominada Comisión para la Paz y el Entendimiento, sumándose a otras propuestas de los gobiernos anteriores, que no han logrado dar respuestas a la complejidad de este conflicto.

Construir un entendimiento político con el pueblo mapuche

Domingo Namuncura  – Opinión – Cooperativa – 19 junio 2023

Con motivo del Día Nacional de los Pueblos Indígenas (PPII), este 21 de junio el país será informado de la creación e instalación oficial de la Comisión de Paz y Entendimiento, anunciada por el Presidente en Villarrica, en noviembre de 2022.

La historia del proceso de recuperación democrática en Chile registra varias comisiones presidenciales para abordar la temática indígena. En 1990 con la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), de la que surgió la Ley Indígena 19.253. En 1990 también se formó una comisión asesora presidencial para un diálogo nacional y su resultado fue un «Pacto por el respeto ciudadano con los PPII». En el 2001 se creó la Comisión de Verdad histórica y Nuevo Trato que dio origen, con toda probabilidad, al informe histórico más destacado, en donde el Estado reconoció oficialmente sus graves responsabilidades, por omisión, negligencia, complicidad y acción directa o encubierta en una historia de violencia y despojo de los PPII durante casi 200 años. Este informe de Estado recomendó 120 medidas institucionales, de las cuales sólo se ha cumplido menos de la mitad.

Durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet se dio un especial impulso a una propuesta de reordenamiento institucional de la política indígena mediante la creación de una comisión asesora presidencial (la «Comisión Egaña») y se alcanzó una gran conquista legislativa: la ratificación del Convenio 169 de la OIT, hoy ley de la República. En su segundo gobierno se creó una Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía, para elaborar una propuesta de desarrollo con pertinencia cultural indígena y se había acordado la idea de crear una Comisión Especial de Tierras Indígenas, para recomendar a nivel de Estado las alternativas de abordaje del conflicto. Adicionalmente la presidenta impulsó una gran consulta nacional constituyente indígena.

El Presidente Piñera, en septiembre de 2018, suscribió en La Araucanía el Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, luego de 150 días de diálogo con comunidades indígenas, ciudadanos, empresarios, autoridades regionales y 10 ministerios involucrados; y el 8 de noviembre de 2020 -en otra visita oficial a La Araucanía- firmó un proyecto de ley que declaró el Día Nacional de los PPII (decretado en junio de 1998 por el Presidente Frei Ruiz-Tagle) y firmó un Instructivo presidencial de ceremonial intercultural en recintos del Gobierno.

Bajo la actual administración del Presidente Boric se anunció, en Villarrica en noviembre de 2022, la creación de la Comisión de Paz y Entendimiento, con el propósito de abordar el nudo principal de la demanda histórica de restitución de tierras. Adicionalmente un plan de inversiones públicas.

El breve resumen de estos hitos políticos indica que los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura militar han buscado establecer marcos institucionales, legislativos y de políticas públicas para construir una relación constructiva con los PPII en Chile. Sin embargo, si se realizase una evaluación de los diversos compromisos asumidos por los gobiernos el resultado debería llamar la atención de todos los poderes del Estado y de los partidos políticos en particular, para explicarnos en parte lo que acontece. La ley indígena 19.253 fue aprobada en 1993, pero con la condición de excluir el reconocimiento constitucional de los PPII. Y este reconocimiento sigue pendiente hasta nuestros días. El Convenio 169 solo logró ser aprobado 18 años después de iniciada la transición democrática, en marzo de 2008. La Presidenta Bachelet, no obstante, logró suscribir un año antes, en el 2007 la Declaración Universal de los Derechos internacionales de los PPII en Naciones Unidas y en 2016 logró firmar la declaración americana de tales derechos, con lo cual dejó como herencia un marco muy adecuado de compromisos internacionales y una legislación avanzada.

¿Por qué entonces, con todos estos datos a favor, la demanda indígena ha ido escalando a niveles críticos, ramificándose en expresiones de violencia, desconfianza y falta de credibilidad, al punto que hoy ya no implica solo un tema de reconocimiento sino de construcción de una paz basada en un entendimiento urgente y necesario?

Sería extenso agotar en esta columna el enorme abanico de respuestas para esta pregunta central. Lo principal tiene que ver con la voluntad política, el desconocimiento de la historia y cultura de los PPII, la limitada superación de los prejuicios moldeados por décadas de racismo y discriminación y, entre otros, los conflictos históricos respecto de la propiedad comunitaria indígena que fue despojada de manera violenta con la complicidad del Estado. Son muchas las razones que permiten explicar el porqué del conflicto. Y una de ellas y muy importante es que muchos de los compromisos contraídos por los gobiernos, finalmente no se cumplieron, se dilataron o se postergaron. Como muestra un botón: desde enero de 2010 permanece en el Congreso el proyecto de ley que crea el ministerio indígena, presentado por la Presidenta Bachelet. Todos los gobiernos siguientes, sin embargo, han eludido este compromiso y lo han dilatado de manera sistemática y, sin embargo, en los mensajes presidenciales han señalado su «firme compromiso» de impulsarlo. Del mismo modo se ha abordado el problema de tierras, permitiéndose una acumulación de demandas que hoy constituye una pesada carga para el Estado y permanecerá así hasta que haya respuestas efectivas.

Los PPII han sido históricamente maltratados. Esto es otro hecho irredargüible. El Informe de la Comisión de Verdad histórica y Nuevo Trato lo ha dejado definitivamente esclarecido ante el país. Y, sin embargo, muchas de sus urgentes y necesarias recomendaciones formuladas en el año 2004 permanecen sin acogida ni respuesta.

¿Puede mantenerse actualmente este estado de cosas? ¿Puede apostarse a que una nueva forma de dilatar las respuestas, pasándole la mochila al siguiente gobierno, es el mejor camino para no asumir realmente la carga presente?

La relación entre el Estado-gobierno-Pueblo Mapuche, particularmente, es hoy extremadamente crítica y las señales de violencia en torno a la demanda histórica son la expresión de un reclamo que ya no confía en soluciones políticas. Y la política es -siempre- el mejor camino para construir acuerdos y consensos. Esto sucedió eficazmente con el proyecto de la Ley Indígena entre 1990 y 1993, pero luego pareciera que el Estado se olvidó de continuar con una política de entendimientos.

Construir la paz con el pueblo mapuche es una tarea ardua, no por el carácter legítimo de su demanda sino por la falta de voluntad política de los gobiernos de acometer las medidas eficaces y sortearlas -aparentemente- mediante mayores recursos para las cosas públicas. El pueblo mapuche cuenta con una historia de resistencia social y cultural, principalmente, que data de más de 3.500 años de sobrevivencia. El Estado nacional apenas tiene 213 años de vida. Hay estándares culturales que la sociedad chilena no ha sabido valorar y que no quiere reconocer. Y esto atraviesa a toda la clase política, conservadora, liberal, de izquierda, centroizquierda, socialdemócrata o como se denominen. «Si quieres la paz, trabaja por la Justicia», señaló el Papa Pablo VI en ese histórico mensaje con motivo de la V Jornada mundial de la Paz en enero de 1972, hace ya 51 años, y esas palabras siguen resonando como un eco que a veces se apaga.

En el caso de Chile, la paz entre el Estado y el pueblo mapuche sólo será el fruto de la justicia. Una justicia que sea reparadora, histórica y solemne. Aquí radica la base fundamental de cualquier entendimiento.

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