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27 mayo 2024
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Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para defender el medio ambiente

Solo el año pasado, 177 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas a nivel mundial, y uno de cada cinco crímenes ocurrió en la Amazonía. Del total de asesinatos producidos el año pasado, el 88 % se produjeron en América Latina. En dicha región, los países con más crímenes, además de Colombia, fueron Brasil (34 asesinatos), México (31) y Honduras (14). 


Jueves 14 de septiembre.- Este miércoles la organización internacional Global Witness, publicó su informe anual sobre la situación de las personas defensoras del medio ambiente en el mundo. Se trata de una investigación independiente que se desarrolla todos los años con el objetivo de evidenciar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que se atreven a alzar sus voces por la defensa de la naturaleza.

La investigación de este año reveló que en la última década más de 1.919 personas defensoras de la naturaleza han sido asesinadas en el mundo y que dos tercios de ellas murieron en América Latina. Solo en 2022 se registraron 103 asesinatos en está región del globo.

«Los Gobiernos del mundo deben atajar urgentemente los asesinatos sin sentido de quienes defienden nuestro planeta, entre otras cosas protegiendo los ecosistemas más valiosos, que desempeñan un papel fundamental para hacer frente a la emergencia climática. Para acabar con la violencia y la injusticia a las que se enfrenta este tipo de activistas, debemos mancomunar esfuerzos a escala regional, nacional e internacional. Ya se han perdido demasiadas vidas. Y no nos podemos permitir perder más”, señaló Shruti Suresh, co-directora interina de campañas de Global Witness.

El caso de Chile

Nuestro país no se encuentra muy ajeno a esta realidad. “Los asesinatos no son más que la punta del iceberg. Por debajo se esconden innumerables agresiones (en su mayor parte sin denunciar) que, si bien no acaban con la vida de una persona defensora, sí que la transforman radicalmente”, señala el informe de Global Witness de este año.

Y en lo que a amenazas respecta, Chile cuenta con un largo historial. Solo este año se han hecho públicas las amenazas que han recibido vecinos de la reserva ecológica Oasis de La Campana, quienes se enfrentan a una inmobiliaria que amenaza con socavar la biodiversidad existente en los alrededores del tan conocido parque natural de la CONAF. También dirigentes vecinales de Los Ángeles han acusado a la empresa AES Andes de amedrentarlos en el marco del conflicto por la instalación de parques eólicos a pocos metros de comunidades en la zona.

Pero estos no son los únicos casos, recientemente la abogada mapuche Orietta Llauca denunció ser amenazada directamente en su correo electrónico por los casos que lidera contra empresas contaminantes en el sur y Mario Aravena, vecino y activista por la defensa de la Reserva de la Biosfera La Campana – Peñuelas acusó haber sido amenazado el 5 de septiembre cuando desconocidos entraron a su oficina, la destruyeron y rayaron en la puerta la consigna “para la otra es tu casa”.

“Cada semana recibimos nuevos casos de amenaza y hostigamiento a personas defensoras del medio ambiente en nuestro país”, señala Joaquín Salinas, Coordinador de la campaña de defensores de la Fundación Escazú Ahora. “Nos parece grave que a un año de haber conseguido que Chile suscriba el Acuerdo de Escazú, el ejecutivo aún no haya propuesto ninguna medida que permita dar protección a las y los defensores ambientales”, continúa Salinas.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado sobre protección ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo en incentivar a los Estados a garantizar un ambiente seguro y propicio para poder defender el medio ambiente. El Tratado fue suscrito por Chile en marzo de 2022, tras la presión ejercida por la campaña ciudadana “Escazú Ahora Chile”, y ratificado en mayo del mismo año transversalmente por el Congreso Nacional.

“Desde Escazú Ahora nos encontramos trabajando en la elaboración de la primera investigación nacional sobre la situación de los defensores ambientales en Chile, de modo que si el poder central no se hace cargo de la implementación del Tratado, desde la sociedad civil impulsemos las acciones necesarias para resguardar la vida de quienes hoy valientemente alzan la voz por la protección de los ecosistemas”, concluyó Joaquín.

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