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21 mayo 2024
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Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE.UU. pone atención sobre vulneraciones al Pueblo Mapuche

El informe señala que las comunidades «indígenas y sus instituciones generalmente participaron de manera limitada en las decisiones que afectan sus tierras, culturas y tradiciones».


Santiago, 06 de mayo de 2024. (diariomapuche.cl)– El Departamento de Estado de EE.UU. publicó su informe (2023) sobre la situación internacional de Derechos Humanos, donde en el apartado de Chile abarca un espacio respecto las comunidades mapuches en la zona Sur. 

Citando al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que «escalada en el uso de la violencia en el largo conflicto entre algunas comunidades indígenas mapuche y fuerzas de seguridad gubernamentales por reclamos territoriales ancestrales en provincias rurales de Regiones de la Araucanía y del Biobío».

«Los mapuches de determinadas comunidades fueron objeto de amenazas y violencia, incluido el uso excesivo de la fuerza durante los registros policiales», dice el informe.

También agrega que las personas indígenas y sus instituciones generalmente participaron de manera limitada en las decisiones que afectan sus tierras, culturas y tradiciones.

«Varios observadores de la sociedad civil informaron que las actividades extractivas, incluidos los proyectos madereros, mineros y energéticos, alteraron significativamente los medios de vida tradicionales de varios grupos indígenas».


Este es el apartado traducido al Castellano del informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre temas indígenas en Chile


Usted puede ver el informe completo sobre Chile en este link

Baje el informe en Pdf aquí


Pueblos Indígenas

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, en su Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2022, informó una escalada en el uso de la violencia en el largo conflicto entre algunas comunidades indígenas mapuche y fuerzas de seguridad gubernamentales por reclamos territoriales ancestrales en provincias rurales de Regiones de la Araucanía y del Biobío.

El número de personas muertas en actos de violencia en zonas rurales que involucraron a personas mapuche y no mapuche aumentó significativamente después de 2017 e incluyó no solo a activistas mapuche y policías, sino también a trabajadores mapuche y no mapuche en los sectores agrícola y maderero. Los mapuches de determinadas comunidades fueron objeto de amenazas y violencia, incluido el uso excesivo de la fuerza durante los registros policiales. Los mapuche también fueron sometidos de manera desproporcionada a amenazas, violencia y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en el contexto de delitos relacionados con el cultivo y el tráfico de drogas.

Las personas indígenas y sus instituciones generalmente participaron de manera limitada en las decisiones que afectan sus tierras, culturas y tradiciones. Si bien se demarcaron tierras indígenas, algunas comunidades indígenas mapuche y rapa nui exigieron la restitución de otras tierras que eran de propiedad pública y privada.

Según organizaciones de derechos humanos, los pueblos indígenas encontraron serios obstáculos para ejercer sus derechos civiles y políticos, incluido el derecho a utilizar los recursos naturales en sus territorios, a la participación política, a la no discriminación en el empleo y a la igualdad de acceso a la justicia.

Varios observadores de la sociedad civil informaron que las actividades extractivas, incluidos los proyectos madereros, mineros y energéticos, alteraron significativamente los medios de vida tradicionales de varios grupos indígenas. Estudios académicos publicados concluyeron, por ejemplo, que la contaminación ambiental y la introducción de monocultivos de árboles no nativos utilizados en la tala generaron degradación del suelo y contaminación del agua que impactaron negativamente la agricultura, la salud y la subsistencia mapuche en la parte sur del país.

Un estudio separado destacó que las actividades mineras afectaron particularmente el acceso al agua y los medios de vida pastoriles de los pueblos atacameño, aymara, diaguita y kolla en la parte norte del país.

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